Cubaverdad

Varios expertos y activistas de derechos humanos reaccionaron a la “demagogia” del régimen cubano en materia de inmigración, tras una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular que califica de “racista” y “xenófoba” la ley aprobada recientemente en Arizona (EE UU). El comunicado de La Habana estuvo antecedido por una tromba de artículos en la prensa oficial.

“¿Cómo calificar los ómnibus y trenes que salen todos los viernes de La Habana con orientales deportados a sus provincias?”, pregunta Elizardo Sánchez Santacruz, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

El activista denuncia que “decenas de miles de cubanos” han sido expulsados de La Habana en los últimos años, como si la gente de otras provincias fuera “una etnia aparte”. También dijo que “incluso hay personas en las cárceles” por reincidir en su intento de radicarse en la capital del país.

El Decreto 217, del 22 de abril de 1997, sobre las regulaciones migratorias internas para la Ciudad de La Habana, faculta a la Policía Nacional Revolucionaria a actuar contra los provincianos y devolverlos a sus lugares de origen.

“Ah, eres oriental. ¿Y qué haces en La Habana?”, preguntó una mujer policía a Daniel Martínez, un guantanamero a quien detuvieron en dos ocasiones por pasear por La Rampa y la Habana Vieja, respectivamente.

“Mientras averiguan qué haces en la capital, te montan en una guagua y te llevan a la estación de policía, como si fueras un delincuente. Allí estuve seis horas”, asegura Martínez.

La ley de Arizona (SB 1070 y HB 2162) permite a las autoridades requerir a una persona sobre su estado migratorio cuando haya “contacto legal”. Además penaliza, entre otras cuestiones, a quienes transporten o den protección a los “sin papeles”. El decreto cubano 217/1997 multa a los propietarios de viviendas que acojan a cualquier persona “proveniente de otro territorio del país que no haya realizado los trámites legales”.

Los “ilegales” que va repartiendo el “tren lechero” terminan, muchas veces, en centros de internamientos (las denominadas “granjas”) o en prisiones preventivas, asegura el periodista independiente Juan Carlos Hernández, director de la agencia Aplopress. Los más “afortunados” sólo pagan una multa de 500 pesos.

“Por un lado, el gobierno cubano critica las violaciones de derechos humanos en Arizona, pero internamente viola el artículo 13 de la Declaración Universal. ¿Y nosotros qué? Eso es doble moral”, repara Hernández.

Las redadas antiinmigrantes capitalinas afectan lo mismo a ciudadanos en gestiones médicas o familiares, que a los que disfrutan de unas simples vacaciones. Daniel Martínez dice que un salvoconducto otorgado por los CDR evitaría la detención en La Habana, según le informó la última vez uno de los uniformados.

Jorge Graupera Expósito, abogado del bufete hispano-cubano Legal City, con sede en Barcelona, considera que el decreto 217/1997 es “inhumano” y tiene sus antecedentes en la URSS, donde uno similar estuvo en vigor para “proteger” a Moscú.

“También tiene su origen en la situación de las macrocapitales del tercer mundo. Hay razones sociológicas que lo sustentan, porque si no tendríamos una capital de seis millones de habitantes; pero es sin dudas una violación de los derechos humanos”, apunta.

Vivir en Cuba, un problema

Analistas consultados concuerdan en que la terrible situación económica y las severas leyes existentes impiden que Cuba sea un país receptor de inmigrantes, como lo fue hasta los años 50.

En la Isla, la inmigración ilegal es delito, según el Código Penal vigente, que en su artículo 215 prevé cárcel de hasta tres años para los que entren a territorio nacional sin cumplir las “formalidades legales o las disposiciones inmigratorias”. Los extranjeros con visas vencidas también son expulsados inmediatamente.

En su momento, La Habana cuestionó la “normativa de retorno” de la Unión Europea, que contempla detenciones limitadas y expulsiones, pero con mayores garantías legales para los afectados que en Cuba.

Jorge Graupera Expósito cree, sin embargo, que el delito de “entrada ilegal” estuvo justificado, porque hubo que “frenar los ataques costeros” y temas vinculados con la droga.

“Es incluso una figura prerrevolucionaria. No tiene connotación política”, considera.

El abogado disidente René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista y portavoz electo de la Agenda para la Transición, opina distinto.

“El delito de ‘entrada ilegal’ lo aplican con severidad. Es inaudito que se critiquen leyes extranjeras cuando aquí eso existe”, apunta.

Recientemente, la edición española de la revista Foreign Policy publicó una lista con las peores leyes de inmigración del mundo, pero no incluyó el caso de Cuba. Sí menciona la italiana de 2009, que penaliza a los inmigrantes ilegales con severas multas y permite a su detención hasta seis meses, y la australiana de 1992, que prevé la detención de los ciudadanos sin visado válido.

La ley cubana de extranjería (1313/1976) impide a los extranjeros indocumentados acudir a los tribunales o dependencias del Estado para realizar trámites oficiales. “El funcionario judicial o de la dependencia estatal estará en la obligación de dar cuenta al Ministerio del Interior”, exige.

“Los criterios para autorizar a un extranjero a vivir en Cuba son políticos y no jurídicos”, afirma Elizardo Sánchez Santacruz, y añade que las leyes migratorias del país “son excluyentes y violatorias de los derechos humanos”.

Graupera Expósito recuerda que en 1959, el consulado de Cuba en Roma había recibido 20.000 solicitudes de italianos que deseaban emigrar a la Isla.

“Cuba era la vanguardia mundial en asuntos de extranjería. Antonio Sánchez de Bustamante ideó el ‘Código Bustamante’ del Derecho Internacional Privado, pero éste dejó de tener efecto en 1961. Ahora es sólo una pieza de museo”, dice.

Nativos sin derechos

La arbitrariedad de la legislación local tiene su grado mayor en el tratamiento a los emigrados y a sus hijos nacidos en el extranjero. Según una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno sólo reconocerá la nacionalidad cubana a menores de padres con “permiso de residencia en el exterior” (PRE, autorización oficial del régimen).

“Las solicitudes de los hijos menores de edad de emigrados cubanos no proceden”, dice la nota distribuida a los consulados, que contradice abiertamente una ley de ciudadanía que data de 1944.

Uno de los casos discriminatorios más recientes terminó en tragedia. El ciudadano Adrián Leiva Pérez falleció aparentemente ahogado en las costas de la Isla cuando intentaba visitar a su madre enferma. En los cinco años anteriores, el régimen le había prohibido reinstalarse en su propio país.

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